Es la fase inicial del procedimiento y se centra en la presentación formal de las demandas, contestaciones y pruebas documentales. Su principal objetivo es fijar la Litis (el objeto del litigio) y preparar el terreno para la etapa oral.

Los actos procesales más importantes en esta etapa incluyen:

• Demanda: El trabajador (o sus beneficiarios) presenta su demanda por escrito ante el Tribunal Laboral competente. En este documento se exponen los hechos, las prestaciones que se reclaman y se ofrecen las pruebas pertinentes (principalmente documentales). 
• Emplazamiento: Una vez admitida la demanda, el Tribunal notifica al patrón, parte demandada (persona física o moral) para que comparezca a juicio y conteste la demanda. 
• Contestación de demanda: El patrón presenta su contestación por escrito, rebatiendo los argumentos del actor, ofreciendo sus pruebas, y oponiendo sus excepciones y defensas, y, en su caso, reconviniendo (demandando a su vez al trabajador). 
• Reconvención y contestación a la reconvención: Si el patrón reconviene, el trabajador tiene la oportunidad de contestar por escrito a esa reconvención. 
• Ofrecimiento y admisión de pruebas: Las partes ofrecen sus pruebas documentales y el Tribunal las admite o desecha, según corresponda. Es importante destacar que, si bien la fase oral es para desahogar pruebas, las pruebas documentales se ofrecen y generalmente se tienen por desahogadas desde la etapa escrita. 

En esta etapa se busca la claridad y la precisión en los argumentos y las pruebas, ya que sentarán las bases para lo que se discutirá y resolverá posteriormente en la etapa oral.

 Es la fase central y más dinámica del procedimiento. Se caracteriza por la publicidad, la inmediación (contacto directo del juzgador con las partes y las pruebas) y la concentración (realización de la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias). Su objetivo principal es el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas, así como la formulación de alegatos para que el Tribunal pueda dictar una resolución.  

 Esta etapa se desarrolla principalmente a través de la Audiencia Preliminar y la Audiencia de Juicio.  

Esta audiencia tiene como fin depurar el procedimiento, conciliar a las partes y admitir las pruebas:

• Conciliación: Se busca que las partes lleguen a un acuerdo y resuelvan el conflicto de manera amistosa. Si logran un acuerdo, el juicio termina. 
• Depuración del proceso: El Tribunal revisa si existen excepciones dilatorias o cuestiones procesales que deban resolverse antes de continuar con el juicio. 
• Admisión y preparación de pruebas: Si no hay conciliación, el Tribunal admite las pruebas ofrecidas por las partes en la etapa escrita y ordenó su preparación para ser desahogadas en la Audiencia de Juicio. Aquí se pueden desechar pruebas que no sean pertinentes o no cumplan con los requisitos legales. 

Esta es la audiencia más importante y se lleva a cabo de forma oral:

• Desahogo de pruebas: Se desahogan las pruebas admitidas en la Audiencia Preliminar, tales como:

                - Confesional: Interrogatorio de las partes.  

                - Testimonial: Declaración de los testigos.  

               - Pericial: Presentación y explicación de dictámenes por parte de expertos.  

               - Inspección: Reconocimiento de lugares o cosas.  

• Formulación de alegatos: Una vez desahogadas las pruebas, las partes presentan sus argumentos finales de forma oral, resumiendo los puntos clave de su caso y tratando de convencer al Tribunal de la solidez de sus pretensiones. 
• Emisión de la sentencia: Después de los alegatos, el Tribunal está en condiciones de dictar la sentencia en el mismo acto, o bien, señalar una fecha para su notificación, la cual también puede hacerse de forma oral en la audiencia pública.

La oralidad en esta etapa busca agilizar el proceso, permitir una mejor valoración de las pruebas por parte del juzgador (quien tiene contacto directo con ellas) y fomentar la transparencia en el procedimiento.

 El Derecho Corporativo en México se encarga de todo lo relacionado con la vida legal de una empresa, desde su nacimiento hasta su posible disolución. Su objetivo principal es asegurar que las compañías operen dentro de un marco legal que fomente la transparencia, la buena gobernanza y la protección de los intereses de todos los involucrados.  

 El Derecho Procesal Laboral es la rama del derecho que establece las normas y procedimientos para resolver las controversias que surgen de las relaciones laborales. En México, este campo ha experimentado reformas significativas en los últimos años para agilizar y modernizar la justicia laboral.  

Sus puntos esenciales son:

• Conciliación prejudicial: Antes de un juicio, es obligatorio intentar una conciliación a través de los Centros de Conciliación y Registro Laboral (que reemplazaron a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en esta fase). Esto busca que empleadores y empleados lleguen a un acuerdo amistoso. 
• Juicio laboral: Las reglas para presentar demandas, ofrecer pruebas y llevar a cabo los procesos ante los Tribunales Laborales (que ahora forman parte del Poder Judicial, sustituyendo la función jurisdiccional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje). El nuevo sistema se rige por principios de oralidad, inmediatez y continuidad, buscando una justicia más rápida y transparente. 
• Medios de prueba: En el derecho laboral mexicano, las pruebas son fundamentales para la resolución de controversias entre trabajadores y empleadores. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los medios de prueba admisibles y las reglas para su ofrecimiento, desahogo y valoración. 
• Ejecución de sentencias: Los mecanismos legales para asegurar que se cumplan las decisiones de los Tribunales Laborales. 
• Aspectos colectivos: Aunque el derecho sustantivo laboral define los derechos sindicales y de contratación colectiva, el derecho procesal laboral regula cómo se resuelven las disputas relacionadas con sindicatos, contratos colectivos y huelgas. Las reformas recientes han introducido la obligación del "voto personal, libre y secreto" para la elección de directivas sindicales y la aprobación de contratos colectivos, buscando mayor democracia sindical. 

La importancia de este énfasis radica en que, para una empresa, los conflictos laborales pueden tener un impacto significativo en su operación, reputación y finanzas. Un especialista en esta área no solo entiende cómo funciona una empresa a nivel legal, sino que también sabe cómo prevenir y manejar eficazmente las disputas con los trabajadores.

Esto implica:

• Asesoría preventiva laboral: Ayudar a las empresas a implementar políticas y prácticas que cumplan con la Ley Federal del Trabajo, minimizando los riesgos de litigios laborales. Esto incluye la correcta elaboración de contratos, reglamentos internos y protocolos de despido. 
• Gestión estratégica de litigios laborales: Representar a la empresa en los procedimientos de conciliación y en los juicios laborales, diseñando estrategias de defensa y buscando la mejor resolución posible. 
• Debida diligencia laboral (Labor Due Diligence): Evaluar los riesgos y pasivos laborales de una empresa (como demandas pendientes o incumplimientos) antes de una fusión, adquisición o reestructuración, para evitar sorpresas costosas. 
• Elaboración de políticas internas: Ayudar a las empresas a crear manuales y procedimientos internos que sean legales y efectivos para la gestión de su personal, desde la contratación hasta la terminación de la relación laboral. 
• Análisis de riesgos: Identificar posibles puntos débiles en las prácticas laborales de una empresa que puedan derivar en demandas o sanciones, y proponer soluciones. 

En resumen, esta especialización es vital para cualquier empresa en México, ya que le permite operar de forma robusta y prevenir o gestionar eficazmente uno de los riesgos más comunes y costosos: los conflictos laborales.